Antecedentes sobre el tema
Los Gobiernos democráticamente elegidos cargan con una responsabilidad sobre el comportamiento de sus gobiernos, tanto como acreedores como tomadores de préstamos.
La historia de la crisis de la deuda soberana desde la década de los 80 ha mostrado que los préstamos han sido a menudo ofrecidos a los países en desarrollo sin la suficiente consideración por la democracia o por el bienestar de los ciudadanos/as. En muchos casos, los préstamos fueron usados para comprar el apoyo político o para financiar proyectos no viables. Los préstamos han sido robados y mal utilizados a gran escala, y las consultas parlamentarias y ciudadanas sobre las decisiones sobre el endeudamiento han sido inexistentes o marginales. Estos préstamos han ido en detrimento del desarrollo de los países deudores y las deudas que han resultado han sido descritas comúnmente como deudas “ilegítimas”. Sin embargo, los acreedores siguen exigiendo el pago de estas deudas.
En cada préstamo fallido y en cada quebrantamiento de los estándares de financiación internacional, hay una responsabilidad compartida entre las dos partes del contrato. Sin embargo, la realidad es que bajo el sistema actual, todas las demandas de pago a los estados soberanos son consideradas válidas y el deudor debe asumir la responsabilidad del préstamo mientras el acreedor no comparte ninguna parte del riesgo.
Esta situación implica un alto nivel de impunidad para los acreedores. Aquellos que estuvieron involucrados en contratos de préstamos ilegales o cuestionables en el pasado, no han tenido que sufrir las consecuencias en la mayoría de los casos. Ello ha incitado en ocasiones comportamientos imprudentes por parte de los acreedores, al tener casi siempre garantizado que recuperaran sus créditos. Todo ello ha llevado a su vez a una erosión de las relaciones honestas entre deudores y acreedores. Pero más importante aún, es inaceptable porque pone una parte desproporcionada de la carga sobre las espaldas de los ciudadanos de los países endeudados.
Éstas son algunas de las causas originales de la actual crisis de la deuda. Para prevenir repetidas rondas de financiación y endeudamiento insostenible e irresponsable es esencial reformar los actuales enfoques sobre endeudamiento soberano. Y deben aplicarse principios de responsabilidad compartida.
En octubre de 2006, el gobierno de Noruega canceló las deudas de cinco países admitiendo importantes fallos por parte del acreedor y responsabilidad compartida por las deudas que originó. Este caso ejemplifica que es posible que los acreedores reconozcan su co-responsabilidad.
Como representantes electos de los pueblos que en última instancia sufren las consecuencias de las políticas de endeudamiento fallidas, es nuestra responsabilidad asegurar que todos los préstamos reflejan las aspiraciones de los ciudadanos de los países deudores. Por ello esta declaración hace un llamamiento a avanzar con pasos concretos para establecer la legitimidad de acuerdos de préstamos soberanos concretos e instituir los principios de la responsabilidad compartida en el los préstamos soberanos internacionales.
Declaración de Parlamentarios por la responsabilidad compartida en los préstamos soberanos
Reconociendo que ha habido abusos en los préstamos soberanos en el pasado;
Reconociendo que nosotros, como representantes electos de los pueblos, tenemos el derecho y el deber de escrutar las decisiones de nuestros países sobre el endeudamiento soberano y la oferta de préstamos;
Nosotros, los parlamentarios / legisladores firmantes nos comprometemos a:
- Dar apoyo a mayores investigaciones sobre el concepto de deuda ilegítima, en tanto que relacionado con los préstamos internacionales soberanos, con tal de desarrollar un consenso internacional alrededor del tema;
- Iniciar y apoyar auditorias parlamentarias sobre las exigencias y deudas actuales en nuestros propios países, con tal de distinguir entre financiación y endeudamiento apropiado e inapropiado, y para incitar procedimientos de financiación y endeudamiento responsables en el futuro;
- Trabajar para dar una fuerza legar mayor al concepto de ilegitimidad en los préstamos soberanos internacionales; particularmente impulsando y apoyando legislación, mociones y otras medidas parlamentarias;
- Apoyar principios de responsabilidad compartida en acuerdos de préstamo soberano;
- Apoyar una mayor participación parlamentaria en los procesos de contratación de préstamos para asegurar el escrutinio sensato y público del propósito, términos financieros y condiciones de los préstamos.
Firma del Parlamentario/a o Legislador/a:
Parlamento y afiliación: